Toma ilegal por fines
político electoral

El día de hoy se confirmó que la acción implementada por la dirigencia del STASPE carece de legalidad y obedece a una estrategia político electoral de una corriente confrontista del Partido Revolucionario Institucional.

Debido a la toma ilegal de oficinas públicas la sociedad no pudo realizar más de 20 mil trámites y gestiones que diariamente se atienden en las dependencias gubernamentales.

Es evidente que esta toma ilegal obedeció a intereses político electorales de la dirigencia del STASPE y no a un interés genuino por defender derechos laborales.

Fundamos nuestro dicho, entre otras cosas, en el hecho de que un diputado local perteneciente a esta corriente recorrió junto Ferreyra Piñon las tomas ilegales que se realizaron en oficinas públicas, en particular la del Palacio de Gobierno.

Este sector del PRI busca una confrontación con el Gobierno motivada por intereses electorales. De nuestra parte haremos todo lo que esté a nuestro alcance por evitar tal confrontación.

Ratificamos que Antonio Ferreyra Piñon carece de personalidad jurídica para solicitar la remoción del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tal atribución en su caso le correspondería al representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y sus Municipios (FESEGEM) de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes.

El Gobierno del Estado ratifica su compromiso con la base trabajadora de defender sus derechos laborales y respetar sus condiciones generales de trabajo, asimismo la disposición a que juntos con un ánimo de compañerismo y bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia prestemos un mejor servicio a las y los michoacanos.

Gobierno del Estado de Michoacán